Buenos Aires, 5 de abril de 1995.

Visto, la Ley 23.798 que declara de interés nacional la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (S.I.D.A.) y su Decreto reglamentario Nº 1244/91, y

CONSIDERANDO:

Que en orden a ambos imperativos, el Ministerio de Justicia dictó la Resolución Nº 787 del 8 de octubre de 1991 por el que se aprueba la "Política Normativa en relación a la Infección del H.I.V en los Servicios Carcelarios".

Que la citada Resolución, de conformidad al texto y espíritu de aquellas normas, reafirmó el derecho de toda persona enferma o eventualmente enferma del S.I.D.A. a preservar su ámbito de privacidad y a no ser marginada, estigmatizada, degradada o humillada. Que las disposiciones internas del Servicio Penitenciario Federal en el tratamiento de internos portadores, de H.I.V. o enfermos del S.I.D.A. deben compadecerse y subordinarse a normas de jerarquía superior. 

Que en el marco del artículo 124 de la Ley Penitenciaria Nacional y de los artículos 18 y 53 del Código Penal, el Servicio Penitenciario Federal, en virtud de convenios vigentes suscriptos con distintas administraciones provinciales, recibe en Unidades propias para su alojamiento y tratamiento a internos de aquellas jurisdicciones. 

Que las condiciones de admisión de dichos internos, entre ellas las referidas a denotar el estado de salud y, puntualmente, si son portadores del H. I. V. o padecen la enfermedad del S.I.D.A., deben definirse y aplicarse -como se ha señalado- en el marco de la normativa que regula las medidas de prevención y lucha contra tal enfermedad según lo disponen los textos legales citados en el visto y la Resolución Nº 787 del Ministerio de Justicia. 

Que la Resolución Nº 319 del 30 de abril de 1990 producida por esta Dirección Nacional, al establecer los requisitos médicos para la admisión de internos de jurisdicción provincial, determinó que los mismos debían ser obligatoriamente remitidos con el test de Elisa para determinación del H.I.V. y fijó como causa de rechazo de admisión si éste fuera positivo (incisos g- y k- respectivamente, del Anexo I de la misma - B .P. Nº 1946). 

Que tanto la preservación del ámbito de privacidad de todo interno (Ley 23.798, artículo 2º, inciso d-), como la ausencia en su alojamiento y tratamiento de efectos de marginación, estigmatización, degradación o humillación (inciso b- del artículo y ley citados), estarían siendo quebrantados por los señalados incisos g- y k- de la mencionada Resolución Nº 319/90, procediendo por tanto su modificación en orden a normas de jerarquia superior. 

Que en la misma dirección han apuntado ciertos planteos presentados por administraciones provinciales, vinculados al Servicio Penitenciario Federal por los referidos convenios, generándose situaciones de conflicto que merecen la adopción de medidas definitotias. 

Que distintos dictámenes producidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, fundamentalmente el emitido con el Nº 15l9/93 -Expediente Nº 85.220-, aconsejan efectuar adecuaciones en la normativa interna de la Institución, orientándola al fiel cumplimiento de los textos legales antes citados. 

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General del Régimen Correccional, la Dirección de Auditoría General y el Departamento de Estudios y Proyectos, cuyas apreciaciones fueron recogidas convenientemente. 

Que es menester, a los efectos de mantener un grado de sistematización de normas que tratan idéntico tema, derogar la Resolución Nº 319/90. 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 14 de la Ley Orgánica Nº 20.416.

El Director Nacional

del Servicio Penitenciario Federal

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprúebanse los requisitos legales, penitenciarios, médicos y previsional para la recepción en Unidades dependientes, de internos de jurisdicción provincial, el que, como Anexo I, forma parte de la presente.

Art. 2º.- La Dirección General de Régimen Correccional (Dirección de Trato y Tratamiento, División Asistencia Médica) deberá, en el término de Sesenta (60) días, presentar un proyecto de normas de bioseguridad que compatibilice las garantías que la legislación le acuerda a los internos portadores del H. I.V, y enfermos del S.I.D.A. con el derecho del resto de la población carcelaria y del personal penitenciario a que se adopten aquellas medidas de prevención y tratamiento que impidan la propagación del mal. A este efecto, deberá tomar contacto con las autoridades sanitarias que correspondan en la idea de recabar y conciliar las orientaciones profesionales sobre la materia.

Art. 3º.- Por la Dirección de Secretaría General, mediante fotocopia autenticada o telefax, anticípese el contenido del presente al señor Director General de Régimen Correccional y a los titulares de Unidades Penitenciarias.

Art. 4º- Derógase la Resolución Nº 319 del 30 de abril de 1990 inserta en el B.P. 1946.

I.- Requisitos legales-penitenciarios. 

Los Establecimientos penitenciarios no admitirán el ingreso de internos de jurisdicción provincial en los siguientes casos:

==============================================================